El gobierno de Pedro Sánchez integra a la compañía china Huawei en el organismo que controla la seguridad del 5G en España.

A diferencia de Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Reino Unido, Rumanía o Dinamarca.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido a Huawei en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G), el organismo público encargado de supervisar y certificar la seguridad de las redes y servicios de la nueva generación de telefonía móvil. Según ha confirmado el Ministerio de Transformación Digital a El País, la empresa china participa como miembro «consultivo» junto a otros fabricantes como Ericsson o Nokia, pero sin capacidad de decisión ni acceso a información sensible.

Fuentes citadas por El País señalan que Huawei ha estado presente en diversas reuniones desde que el SOC 5G se constituyó en mayo de 2024, compartiendo espacio con operadores y organismos públicos de ciberseguridad. El detalle no es menor: Estados Unidos y varios países europeos han vetado a Huawei por sus vínculos con el régimen chino, acusándola de facilitar acceso del Gobierno de Pekín a datos y comunicaciones críticas. La propia Unión Europea ha recomendado a los Estados miembros que excluyan a la compañía de sus redes 5G. 

A diferencia de Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Reino Unido, Rumanía o Dinamarca —que han prohibido expresamente su contratación—, España nunca ha aprobado un veto oficial. Esto ha permitido que Huawei tenga una fuerte presencia en las redes de operadores como MasOrange y Vodafone.

El SOC 5G, financiado con fondos europeos NextGenerationEU y con un presupuesto de 15 millones de euros, está llamado a certificar la seguridad de equipos, asesorar a operadores, realizar auditorías y elaborar planes de contingencia frente a ciberataques. Por la naturaleza de la tecnología 5G —que será clave para aplicaciones críticas como la conducción autónoma o la cirugía remota—, un fallo o intrusión en la red podría tener consecuencias graves.

La polémica se intensifica tras la reciente adjudicación por parte del Ministerio del Interior a Huawei de un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad, una operación que ha provocado protestas en EEUU y advertencias sobre el riesgo para la cooperación en inteligencia.

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